La promulgación de la Ley 1805 de 2016 en Colombia marca un hito significativo en el ámbito de la salud y la ética médica, ya que aborda la delicada cuestión de la donación de órganos. Esta legislación, concebida en respuesta a la creciente demanda de órganos para trasplantes en el país, tiene como objetivo fundamental fomentar la solidaridad y el bien común al promover la donación altruista de órganos. Se espera que esta medida estimule un incremento en el número de donaciones, lo que potencialmente podría reducir las largas listas de espera para trasplantes y mejorar la calidad de la atención médica en relación con este proceso crucial.
Sin embargo, la implementación de la Ley 1805 ha suscitado un intenso debate que trasciende los aspectos puramente médicos y legales. En el centro de esta discusión se encuentran cuestiones éticas y morales fundamentales, así como los derechos individuales de los ciudadanos. Por un lado, se plantea la necesidad y la solidaridad como principios rectores, argumentando que la donación de órganos es un acto altruista que puede salvar vidas y mejorar la salud de quienes lo necesitan desesperadamente. Por otro lado, se confronta la libertad de conciencia y la autonomía personal, defendiendo el derecho de cada individuo a decidir sobre su propio cuerpo y sus creencias. Esta discrepancia se ve agravada por objeciones basadas en motivos religiosos, morales o personales por parte de ciertos sectores de la población, quienes ven la donación de órganos como una interferencia con sus convicciones más profundas.
